Nuestros chiringuitos
El consejero de Medio Ambiente anunció el pasado lunes, en un desayuno del Grupo Joly, que a principios de 2011 se producirá la transferencia a la Junta de las competencias sobre gestión del litoral andaluz. También confirmó que será su Consejería y no la de Turismo, la que desempeñará esa responsabilidad. Se ha dado a entender que con estas medidas se acabarán las incertidumbres y amenazas que sobre los chiringuitos se han cernido durante los últimos tiempos.
La aplicación de la Ley de Costas, de 1988, ha tenido y tiene en vilo al importante sector de los chiringuitos de la costa malagueña y andaluza que han visto como en otras zonas de nuestro país habían sido derribadas hace unos años otras construcciones similares.
La ley sólo permite en las playas aquellas instalaciones "que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación". Por razones de utilidad pública se podrán autorizar otras instalaciones. La cuestión de fondo está en que en nuestra tierra los chiringuitos, como los conocemos de siempre, forman parte de la playa y en consecuencia se deben reconocer como tal.
Todo había ido razonablemente y de forma pacífica, hasta que hace un par de años el Gobierno -a través del secretario general del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente- anunció su intención de endurecer la aplicación de la ley a los chiringuitos, derribos incluidos. Esto provocó un amplio rechazo social y pronunciamientos públicos en parlamentos y ayuntamientos. Se pidió desde la sociedad, y desde representantes políticos, respeto a la importancia social, cultural y económica de los chiringuitos y, por su singularidad en Andalucía, flexibilidad y sentido común en la aplicación de la ley. Los gobernantes socialistas se sintieron acorralados y con poco margen de reacción ante la posición cerrada del Gobierno. Después de semanas de controversia, la Junta parece que encontró una solución -quiero pensar que para solventar la situación de los chiringuitos y no para desactivar una polémica incómoda- con el traspaso "urgente e inmediato" de las competencias sobre el litoral. Se anunció para el primer trimestre de 2010. El plazo pasó y, año y medio después del anuncio, se dice que ahora sí se va en serio. ¡Qué así sea! La cuestión es si el traspaso de la competencia va a resolver la situación, normalizando y regularizando los chiringuitos.
¿Es inocuo que la gestión la asuma la Consejería de Medio Ambiente y no la de Turismo? ¿Estamos ante la solución definitiva que traiga la seguridad al sector? O, simplemente, vamos a pasar de los talibanes de Costas de Madrid a los talibanes de Medio Ambiente de Sevilla. De momento sólo son preguntas.
