Medio Ambiente recibirá en un mes la gestión de los chiringuitos
El Consejo de Ministros debe avalar el acuerdo entre los gobiernos central y andaluz
Con algo más de un año de retraso la Junta asumirá definitivamente las competencias de los chiringuitos a partir de febrero. El acuerdo con el Gobierno central se firmó poco antes de acabar el pasado año y ya sólo falta su paso por la comisión de transferencia del Congreso de los Diputados y el visto bueno del Consejo de Ministros para que el decreto ley se haga efectivo. La Consejería de Medio Ambiente será a partir de ahora la administración competente, deberá resolver la situación de este tipo es establecimientos que aún no disponen de una concesión.
Ya está todo casi a punto para que se haga realidad la reivindicación que los empresarios de playa andaluces iniciaron hace casi dos años a raíz del polémico plan anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente para retirar de la arena los tradicionales chiringuitos. El proceso se ha dilatado más de lo previsto debido a que ha habido que definir con mucha meticulosidad qué competencias pasarían a la Administración autonómica y qué consejería sería la encargada.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, Manuel Villafaina, aseguró ayer que será la Consejería de Medio Ambiente la que se haga cargo de los chiringuitos, aunque sólo en lo que a concesiones y autorizaciones se refiere. Las obras y proyectos que se hagan en dominio público marítimo-terrestre seguirán estando en manos del Gobierno central.
Si se cumplen los plazos previstos, el acuerdo que firmaron en Madrid el pasado 30 de diciembre representantes de los gobiernos central y autonómico entrará en vigor en febrero. El primer escollo que tendrá que resolver la Junta en su nueva función será el de desatascar los cientos de expedientes que están pendientes de tramitar para autorizar las concesiones a los chiringuitos.
Como ejemplo, sólo hace falta revisar la situación de Málaga. Aún hay unos 200 establecimientos, alrededor del 60% del total de la provincia, pendientes de regularizar su situación. Según Villafaina, la idea es que los alrededor de cien que ya están siendo tramitados por la Dirección General de Costas sean culminados en Madrid para "no tener que empezar otra vez de nuevo". Los que aún no han sido presentados sí será el Gobierno andaluz el que tenga que resolver su situación para que "contemos con garantías jurídicas suficientes para poder invertir en nuestros negocios y prestar un servicio durante todo el año", dijo Villafaina.
