Las playas en Andalucía tendrán aforo de sombrillas y un máximo de personas por grupo.

La apertura de las playas en Andalucía tiene todavía más incógnitas que certezas a pesar de que el Gobierno andaluz insiste en que estén abiertas al público el próximo 25 de mayo, en el inicio de la fase 2 , si los datos sanitarios así lo avalan. El Gobierno andaluz y los 61 alcaldes costeros de Andalucía están manteniendo contactos desde la semana pasada para establecer una guía con criterios comunes que permita que las playas sean zonas seguras porque el Gobierno central no ha preparado normas concretas, sólo recomendaciones y deja, por el momento, la responsabilidad en los alcaldes, según aseguró ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

 

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este martes un decreto ley en el que establece que los ayuntamientos tendrán que elaborar planes de contingencia para garantizar la seguridad en las playas, unos planes que tendrán que enviarse a los responsables de protección civil en el plazo máximo de un mes. Pero lo único que hay por el momento es un borrador con sugerencias del Instituto para la Calidad Turística Española que está sirviendo de base al documento que están tratando de consensuar el Gobierno andaluz y los alcaldes costeros. No se sabe, por ejemplo, cómo actuar si el usuario de una playa o el empleado de un establecimiento diese positivo en coronavirus.

Pero sí hay algunas medidas que están fuera de discusión: no habrá duchas, lavadero para los pies, vestuarios públicos ni zonas de juegos infantiles. También estarán prohibidos los juegos colectivos y se recomienda el cierre total de los WC químicos. Ademas, habrá un servicio especial de limpieza y vigilancia en todas las playas que se encargarán de que se cumplan las normas y de limpiar las zonas comunes cada dos horas.

Los responsables de las playas tendrán que determinar claramente la capacidad de las mismas teniendo en cuenta las mareas y también las concesiones administrativas que haya en cada una de ellas. Y establecer un aforo en la zona de sombrillas que dependerá de la capacidad de las playas y también medidas para evitar el contacto de los usuarios en la orilla.

Los usuarios tendrán que situarse respetando la distancia de seguridad (dos metros) y estará establecido el número máximo de personas que pueden reunirse en un grupo. El baño asistido para personas discapacitadas tendrá que hacerse con cita previa y los asistentes deberán llevar medidas de protección.

Sin papeleras
El tratamiento de las basuras también será diferente. No habrá papeleras en los arenales, tendrán que estar situadas fuera de los mismos y el personal encargado de la retirada de las mismas deberá tener trajes de protección.

Los ayuntamientos deberán establecer los diferentes criterios de riesgo para la clasificación de las playas en tres categorías: libres (aptas), peligrosas (se puede acceder con limitaciones) o de uso prohibido, así como para la determinación de sus grados de protección (bajo, moderado o alto). El grado de protección se establece en función de criterios como pueden ser, entre otros, la afluencia de visitantes, el histórico de incidencias, si tiene actividades deportivas o si existe balizamiento en las zonas de baño.

Para tratar de ayudar a los ayuntamientos a que la costa andaluza sea segura para los usuarios, el Consejo de Gobierno aprobó ayer una ayuda de 10,5 millones de euros que se podrán solicitar en dos líneas diferentes. Cinco millones de euros se consignarán para la realización de los planes de contingencia y a garantizar las medidas de seguridad. Se podrán destinar a la compra de material como embarcaciones de rescate, torretas de vigilancia y el material necesario.

La Consejería de Turismo, por su parte, ha modificado las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016 que regula la concesión de subvenciones dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas con fondos europeos. Repartirá 5,5 millones de euros entre los ayuntamientos para actuaciones de limpieza e higiene de las playas y la adquisición de bienes inmuebles que sean necesarios para cumplir con todos los requisitos.

Por otra parte, el vicepresidente andaluz criticó ayer el cambio de criterio del Gobierno central que obligará a las empresas que quieran obtener el sello «Covid free» a pagar auditorías entre 500 y 3.000 euros, cuando el pasado viernes se acordó que el Instituto de Calidad Nacional pusiera en marcha este sello y «se dijo que era gratis».

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