La Junta de Andalucía lleva ya tres años sin regularizar los chiringuitos de playa

 Asumió las competencias en 2011, pero un verano más seguirá vigente la normativa obsoleta de 1988

Resulta difícil imaginar una playa sin olor a «pescaíto» frito y sin chiringuitos. Estos establecimientos se han convertido en el emblema turístico de la costa, su seña de identidad frente a otros destinos. Por eso no se entiende que la temporada arranque, un año más, en medio de la confusión de su situación legal y administrativa. Y es que sólo sólo una pequeña parte de los chiringuitos y quioscos de las playas andaluzas tienen en vigor sus autorizaciones. La gran mayoría de los permisos caducaron hace ocho años.

La situación apenas ha cambiado desde el 2011, cuando la Consejería de Medio Ambiente de la Junta asumió las competencias de otorgar las concesiones con la promesa de agilizar los permisos y dar estabilidad al sector. Por aquellas fechas, los empresarios mantenían un duro enfrentamiento con el Ministerio de Medio Ambiente, que amagaba con aplicar la ley con criterios restrictivos en cuanto a la ocupación del dominio público de las playas. Muchos temieron el derribo de sus negocios. La Junta se erigió entonces en la salvadora para tranquilidad de muchos, pero la inseguridad jurídica permanece tres veranos después.

Se trata de un asunto «complejo», como reconoce el director de la Demarcación de Costas, Ángel González, porque hay casos de exceso de superficie, problemas de distancia entre locales o incluso de ubicación. La mayoría de los informes que ha emitido esta administración ante la Junta, como paso previo a las concesiones, son positivos. Pero en los principales municipios de la costa, la mayoría de los negocios están sin legalizar. «Esto hay que resolverlo ya, no pueden estar mucho tiempo de forma provisional», asegura.

La nueva Ley aprobada hace un año por el Gobierno ha sido bien recibida en el sector de los chiringuitos, ya que prevé dotar a estos negocios de una mayor seguridad jurídica y establece mayores exigencias en la ordenación y cuidado de las playas. Además, entre otras muchas medidas, permite a los chiringuitos duplicar su superficie, hasta los 300 metros incluidos terraza y servicios, y acortar hasta los 150 metros la distancia entre negocios. El reglamento que debe desarrollar la norma está en fase de consultas, por lo que desde la Junta aseguran a ABC que hasta que no esté aprobado «se funciona con la Ley actual», de 1988.

Los empresarios no entienden que el cambio de normas o la implicación de hasta tres administraciones en el complejo sistema de autorizaciones termine por pasar factura a sus negocios. «Ninguna administración toma una decisión, sobre si hay que tirar chiringuitos o deben quedarse legalmente; no se atreven», admite el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Playa de Málaga, Manuel Villafaina, desde la terraza de su negocio, el chiringuito «Los Manueles», en la concurrida playa de Playamar, de Torremolinos.

«La Junta de Andalucía tiene la solución, sin esperan al reglamento de esta Ley», apunta este empresario, porque los establecimientos «más complicados» en superficie o situación sobre la playa, ya se legalizaron con la anterior normativa, que preveía situaciones de excepcionalidad. En su opinión, la mayoría cumplen a rajatabla con la ley y está convencido de que no habrá derribos de instalaciones fijas ni excesivos cambios. Si acaso, dice, algún establecimiento deberá reducir su superficie. En los últimos dos años sólo se han derribado dos quioscos de playa en la provincia.

Para Villafaina, solucionar el problema es una cuestión de matices, de interpretaciones de la Ley y de abandonar la «dejadez» tradicional sobre este sector. En su opinión, tanto la actual ley como la anterior establecen que los ayuntamientos —titulares de la concesión— no pueden ocupar más del 50 por ciento del espacio de la playa por lo que debería estudiarse una solución en conjunto en función de las características de cada playa, de forma que «en algunos sitios los chiringuitos puedan estar más juntos y en otros puedan situarse a mayor distancia», sin aplicar a rajatabla los preceptivos 150 metros de distancia.