Marbella negocia contra reloj para legalizar los chiringuitos antes de que la Junta asuma la gestión
El Ayuntamiento plantea a Costas prórrogas de tres años y otras medidas para garantizar el futuro de los ocho negocios sin regularizar.
La moratoria de tres años pospondría el traslado hasta que haya suelo disponible.
Algunos locales tienen problemas para cumplir con la distancia de 200 metros.
Las reuniones entre el Ayuntamiento y la Jefatura de Costas en Málaga no son nuevas, de hecho se vienen celebrando desde hace casi un año y medio a cuenta de la regularización de los 31 chiringuitos que se habían quedado en la cuerda floja por vulnerar la Ley de Costas. Lo que sí es inédito es el ritmo que está tomando el calendario de encuentros en las últimas semanas. Casi frenético. Las miradas están puestas en el próximo viernes 1 de abril, fecha en que la Junta asumirá de manos del Gobierno central las competencias para gestionar la ocupación y el uso de las playas. El Ejecutivo andaluz se quedará con la potestad para autorizar las concesiones en la arena de actividades lúdicas y económicas. Precisamente donde se enmarcan los permisos para que los chiringuitos ubicados en dominio público puedan readaptarse a la normativa y seguir funcionando como hasta ahora. «Esperemos que antes de ese día estén todos solucionados», confió el concejal delegado de Medio Ambiente, Antonio Espada, quien no escondió su temor de que el cambio de manos de las competencias pueda retrasar unas negociaciones que ya estaban muy avanzadas. Tanto que fructificaron a mediados del febrero en la firma del acta de recepción de 21 de los 31 chiringuitos afectados.
Los ocho restantes, ya que se ha denegado una terraza en dominio público y el establecimiento de las Dunas de Artola se incluirá en el proyecto del parque natural, se están haciendo de rogar. El edil se ha desplazado esta misma semana a Málaga para negociar con el jefe provincial de la Demarcación de Costas, Francisco Javier Hermoso, el futuro de los ocho establecimientos que aún están pendientes de la firma del acta de recepción. Este trámite, que ya se ha cubierto para dos tercios de los chiringuitos afectados, fija los condicionantes que cada negocio debe cumplir para ajustarse a la ley como paso previo a la obtención de las concesiones. Y es aquí donde radica el problema. Ya sea porque vulneran la distancia mínima de 200 metros que debe separar a cada uno de los locales, ya sea porque tienen que cambiar de ubicación para trasladarse a suelo municipal, la tramitación requiere del intercambio de informes para justiciar medidas excepcionales que el Ayuntamiento ya ha puesto sobre la mesa.
Según explicó el concejal de Playas, en tres de los ocho casos se plantea como salida una prórroga de tres años que evitaría el traslado inmediato, tiempo en el que el Ayuntamiento tendrá que obtener suelo para sacar a los establecimientos del dominio público. «Dos de ellos están casi cerrados y con toda la probabilidad se firmarán la próxima semana», adelantó. Más compleja es la situación de otros cinco negocios que no cumplen con la distancia mínima de separación de 200 metros. Para evitar la desaparición de un local que estaba en la cuerda floja en la zona de El Cable, el Consistorio propone reubicarlo entre otros dos. «Faltarían aún unos diez metros pero parece que eso es asumible», apuntó. Donde no hay margen de maniobra es en tres restaurantes de playa del centro de Marbella y en un cuarto de Nueva Andalucía. «En estos casos planteamos en un informe exhaustivo que podemos acogernos a la excepcionalidad de la norma, ya que llevan 40 o 50 años funcionando en zonas céntricas, con gran afluencia de turistas y una elevada concentración de habitantes», abundó el responsable de Playas.
Ningún negocio fuera
«El objetivo de la alcaldesa es que no se pierda ningún chiringuito», aseguró Espada, quien destacó la colaboración del jefe provincial de Costas para garantizar el futuro de los establecimientos que salpican el litoral de Marbella. El Ayuntamiento espera que todos los negocios afectados por la legislación estén regularizados antes del próximo viernes. Las negociaciones van contra reloj. Y ¿si no llegan a tiempo? «Pues tendremos que empezar a negociar con la Junta de Andalucía», sentenció el concejal de Playas.
Algunos locales tienen problemas para cumplir con la distancia de 200 metros.
Las reuniones entre el Ayuntamiento y la Jefatura de Costas en Málaga no son nuevas, de hecho se vienen celebrando desde hace casi un año y medio a cuenta de la regularización de los 31 chiringuitos que se habían quedado en la cuerda floja por vulnerar la Ley de Costas. Lo que sí es inédito es el ritmo que está tomando el calendario de encuentros en las últimas semanas. Casi frenético. Las miradas están puestas en el próximo viernes 1 de abril, fecha en que la Junta asumirá de manos del Gobierno central las competencias para gestionar la ocupación y el uso de las playas. El Ejecutivo andaluz se quedará con la potestad para autorizar las concesiones en la arena de actividades lúdicas y económicas. Precisamente donde se enmarcan los permisos para que los chiringuitos ubicados en dominio público puedan readaptarse a la normativa y seguir funcionando como hasta ahora. «Esperemos que antes de ese día estén todos solucionados», confió el concejal delegado de Medio Ambiente, Antonio Espada, quien no escondió su temor de que el cambio de manos de las competencias pueda retrasar unas negociaciones que ya estaban muy avanzadas. Tanto que fructificaron a mediados del febrero en la firma del acta de recepción de 21 de los 31 chiringuitos afectados.
Los ocho restantes, ya que se ha denegado una terraza en dominio público y el establecimiento de las Dunas de Artola se incluirá en el proyecto del parque natural, se están haciendo de rogar. El edil se ha desplazado esta misma semana a Málaga para negociar con el jefe provincial de la Demarcación de Costas, Francisco Javier Hermoso, el futuro de los ocho establecimientos que aún están pendientes de la firma del acta de recepción. Este trámite, que ya se ha cubierto para dos tercios de los chiringuitos afectados, fija los condicionantes que cada negocio debe cumplir para ajustarse a la ley como paso previo a la obtención de las concesiones. Y es aquí donde radica el problema. Ya sea porque vulneran la distancia mínima de 200 metros que debe separar a cada uno de los locales, ya sea porque tienen que cambiar de ubicación para trasladarse a suelo municipal, la tramitación requiere del intercambio de informes para justiciar medidas excepcionales que el Ayuntamiento ya ha puesto sobre la mesa.
Según explicó el concejal de Playas, en tres de los ocho casos se plantea como salida una prórroga de tres años que evitaría el traslado inmediato, tiempo en el que el Ayuntamiento tendrá que obtener suelo para sacar a los establecimientos del dominio público. «Dos de ellos están casi cerrados y con toda la probabilidad se firmarán la próxima semana», adelantó. Más compleja es la situación de otros cinco negocios que no cumplen con la distancia mínima de separación de 200 metros. Para evitar la desaparición de un local que estaba en la cuerda floja en la zona de El Cable, el Consistorio propone reubicarlo entre otros dos. «Faltarían aún unos diez metros pero parece que eso es asumible», apuntó. Donde no hay margen de maniobra es en tres restaurantes de playa del centro de Marbella y en un cuarto de Nueva Andalucía. «En estos casos planteamos en un informe exhaustivo que podemos acogernos a la excepcionalidad de la norma, ya que llevan 40 o 50 años funcionando en zonas céntricas, con gran afluencia de turistas y una elevada concentración de habitantes», abundó el responsable de Playas.
Ningún negocio fuera
«El objetivo de la alcaldesa es que no se pierda ningún chiringuito», aseguró Espada, quien destacó la colaboración del jefe provincial de Costas para garantizar el futuro de los establecimientos que salpican el litoral de Marbella. El Ayuntamiento espera que todos los negocios afectados por la legislación estén regularizados antes del próximo viernes. Las negociaciones van contra reloj. Y ¿si no llegan a tiempo? «Pues tendremos que empezar a negociar con la Junta de Andalucía», sentenció el concejal de Playas.
