Los chiringuitos trabajarán este año con moratoria

La Junta acelerará las negociaciones tras el traspaso de competencias, que se hará efectivo el próximo 1 de abril

Se acabaron los malos augurios y el temor a la Ley de Costas. Al menos, en teoría. La Junta de Andalucía y el Gobierno escenificaron ayer en Málaga el traspaso de las competencias relativas a la gestión del litoral, una medida que, si bien no supone de facto la resolución del conflicto acerca de la ubicación de los chiringuitos, permitirá a los empresarios de playa encarar la temporada por primera vez en muchos años, con garantías de estabilidad, lo que no es poco, dado el nivel de indeterminación que ha lastrado el sector desde que la normativa pasó a ser arbitrada por el Ministerio de Medio Ambiente.
El traspaso, que se hará oficialmente efectivo a partir del próximo 1 de abril, responde a los contenidos del Estatuto de Autonomía y a la petición formulada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante una entrevista mantenida con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en junio de 2009, fecha consignada en la historia provincial como de máxima tensión de la controversia. Ayer, poco después de que la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, expusieran los términos de la cesión, que incluye las autorizaciones y concesiones de ocupación del espacio marítimo terrestre, se produjo una primera toma de contacto con los representantes del sector. En la reunión, además de inaugurarse un nuevo clima de entendimiento, se aclararon los pasos intermedios para la renovación definitiva de las licencias.
Según Norberto del Castillo, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, habrá una prórroga del pacto de no agresión hasta la validación de los permisos, lo que significa la prolongación durante este año del status quo concebido tras los primeros meses de protestas. «Es la misma situación que tenemos desde hace cinco o seis años aunque, eso sí, esta vez con una razón y una perspectiva», señaló.
La dilación del denominado en su día como «periodo de gracia» responde a la imposibilidad de tramitar las licencias antes de que comience la temporada de baño, abundó Del Castillo. Los chiringuitos funcionarán este año bajo el mismo sistema que el pasado, pero con un calendario de trabajo continuo, que empezará en febrero y culminará sus frutos a lo largo de 2012. «Se inicia una etapa diferente, con una administración que nos entiende mejor y con la que esperamos recuperar pronto la estabilidad jurídica», resaltó.
La transferencia, que comporta un desembolso de 2,11 millones y la movilización de 62 trabajadores, otorga, además, a la Junta de Andalucía la responsabilidad en diferentes materias relacionadas con el litoral, caso de la regulación de la temporada de playa. Mar Moreno se mostró convencida de la eficacia del traspaso para devolver la seguridad a unos establecimientos que definió como singulares e indisociables de la personalidad del turismo andaluz, aunque aclaró que la transferencia no cambia la Ley de Costas. «Vamos a ejercer las competencias con diálogo, diálogo y diálogo; se buscará siempre el equilibrio entre la obligación de preservar el litoral y la actividad económica y el turismo», sentenció.
La cesión permitirá a la administración autonómica participar en los expedientes de los chiringuitos a través de nuevas instancias de diálogo y de la emisión de informes sobre cada propuesta, si bien la última palabra la seguirá teniendo Costas. Chaves resaltó, no obstante, la importancia del acuerdo, que inaugura un nuevo periodo en un tema «muy sensible».

La duda estriba en conocer la instancia de la Junta que asumirá las competencias. En principio, se piensa en Medio Ambiente, aunque no se descarta que la parte vinculada a los chiringuitos dependa de Turismo, una posibilidad que agrada a los empresarios. El propio consejero, Luciano Alonso, reconoció ayer que su departamento tendrá un papel «importante» en la transferencia, aunque la asimilación se decidirá próximamente en el Consejo de Gobierno.

 

 

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