El Gobierno niega que quiera eliminar chiringuitos, «sino todo lo contrario»
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró ayer que su departamento no ha pretendido «nunca» eliminar los chiringuitos de playa, sino «compatibilizar la actividad económica de estos establecimientos con el respeto al medio ambiente».
En su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso y en respuesta a los reproches de prácticamente todos los grupos parlamentarios, Espinosa subrayó que su labor es detener o, al menos, «controlar» el deterioro físico del litoral español provocado por la presión urbanística, la erosión de la costa y los efectos del cambio climático.
«Muchos usos de nuestro litoral son fundamentales para la economía, pero no podemos seguir con una degradación de nuestra costa, negativa desde el punto de visto social y económico. Es fundamental protegerla porque será muy difícil recuperar su equilibrio natural si no aplicamos el criterio preventivo», advirtió.
Para ello, «y aunque queremos ser más ambiciosos», el Ministerio dispone de una legislación que establece que el litoral, uno de los mejores patrimonios del Estado, debe ser protegido garantizando su disfrute público «con excepciones justificadas por el interés colectivo, y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio».
Sin interés partidista
En ese proceso, y «alejado de todo interés partidista», el Ministerio estudia el estado del litoral, «provincia a provincia, municipio a municipio y caso a caso, si hace falta», para buscar la mejor solución jurídica para el medio ambiente y para los afectados, como los dueños de chiringuitos o fincas particulares que ocupan el dominio público marítimo-terrestre, insistió.
Precisamente para garantizar la protección del litoral, el Ministerio sigue realizando el «deslinde» de los 10.100 kilómetros que hay de dominio público marítimo-terrestre, formado por playas, humedales y acantilados verticales, informa Efe.
Hasta el momento, se han deslindado 8.850 kilómetros, el 87 por ciento de la costa, aunque para el final de esta legislatura «lograremos el deslinde total», anunció.
Además, desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, cada año se realizan unas 4.000 intervenciones entre procedimientos sancionadores, informes de planeamiento urbanístico, autorizaciones y concesiones demaniales.
Junto a estas actuaciones, el Gobierno central mantiene en vigor el programa de adquisición de fincas en terrenos colindantes del dominio marítimo-terrestre por su alto valor ecológico.
